(Escribe: Carlos Trinidad Alvarado)

El domingo último, el ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia Nº 10-2012 (en adelante el “Decreto”), a fin de otorgar facilidades a los clubes de fútbol en el procedimiento concursal. Los objetivos de la norma son meridianamente claros: acortar los plazos del procedimiento concursal, establecer un régimen de administración temporal que excluya a los dirigentes actuales, permitir el levantamiento de las medidas cautelares y embargos que impliquen la desposesión de bienes y, finalmente, eliminar la posibilidad de que los acreedores opten por la liquidación de los clubes.

A criterio del ejecutivo, la actividad futbolística produce un conjunto, directo o indirecto, de actividades económico-financieras de impacto significativo en diversos sectores económicos del país, motivo por el cual, la crisis vigente generaría un repercusión negativo en el mercado que, de no revertirse adecuadamente, pondría en riesgo el cumplimiento de las distintas obligaciones asumidas por los clubes.

No comparto ese argumento. En primer lugar, si el sustento principal para establecer un proceso concursal especial es el impacto financiero que ocasionaría una posible liquidación de los clubes de fútbol morosos, existen otros sectores neurálgicos que, afectados por la crisis mundial, percutirían en el desarrollo de la economía nacional de forma más negativa, distorsionando la estructura de precios, la tasa de empleo, la recaudación tributaria, la formalización, etc, y no se ha previsto un régimen especial para ellos, en el entendido que las normas generales, como la Ley Nº 27809, con clara vocación de universalidad, son los mecanismos más adecuados para asegurar un proceso concursal que garantice eficientemente los derechos de los acreedores, en un país con frágil institucionalidad y permeable a la corrupción.

En segundo lugar, el Decreto es un premio a la incapacidad empresarial. Empresas que gastan más de lo que producen, con un radio de endeudamiento efectivo que triplica la capacidad material de su patrimonio, renuentes a cumplir con sus obligaciones financieras, que no pagan tributos, con una contabilidad refractaria a la transparencia, que no cumplen con sus obligaciones laborales, con élites dirigenciales ineptas, sin capacidad gerencial, que han dilapidado en pocos años ingentes recursos de las recaudaciones de los partidos, la venta de futbolistas y de publicidad.

Por eso, la suerte de estos clubes debe ser la que dictamina el mercado para los demás, para todas las empresas ineficientes: salir del mercado. En el mundo de la competitividad, de los mejores, no hay una última oportunidad para la ineficiencia.

Finalmente, la promulgación del Decreto es sintomática. Pone en el tapete un hecho lamentable: que los medios le ponen la agenda al ejecutivo. Que no tenemos un poder ejecutivo independiente, capaz de implementar políticas públicas serias, bien meditadas, a largo plazo, con la firme voluntad de enfrentar los verdaderos problemas de la administración pública: la ausencia de instituciones, la burocracia y la corrupción.