Conga y las comunidades indígenas

(Escribe: María Torres Sánchez)

Las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca que van a ser afectados por el proyecto Conga están reclamando un derecho que intuyen les pertenece (pues lo más probable es que crean que el Estado no se los reconoce) y que el resto del país pareciera que no estuviera de acuerdo.

Se reclama un derecho humano esencial para afirmar la igualdad y libertad de todos y cada uno de los peruanos: su derecho a la libre determinación como pueblos. Este derecho significa que todos los pueblos, en tanto libres e iguales, pueden decidir sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural. Tienen el poder de decidir si su economía se basa en la agricultura, ganadería, comercio, extracción de recursos naturales, etc., de la misma forma como cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué carrera estudiar, sea lucrativa o no, humanitaria o empresarial; también pueden decidir si mantienen o no sus costumbres, rituales, creencias, así como nosotros elegimos ser católicos, ateos, evangelistas, etc. Cualquier ciudadano del mundo tiene este derecho y lo reclama a diario; pero cuando estos pueblos lo hacen, entonces la mayoría de peruanos, comenzando por el presidente de la república, les dice que por el bienestar de todos los peruanos ellos no pueden adorar a sus cerros, lagunas, bosques o tierras. Les decimos que deben integrarse al mercado para salir de su “atraso”. No tenemos el más mínimo respeto al modelo de vida que tienen ni si quiera intentamos escucharlos y entenderlos.

Cuando decimos que proyectos como Conga traerán más desarrollo, lo hacemos creyendo que son nuestros hermanos menores y que nuestra solución y propuesta es la mejor, y que debemos protegerlos y decirles cuál es el camino. Y es que no somos nosotros los que deberíamos decir qué beneficios o desventajas les traería el proyecto Conga, sino ellos. Son estas comunidades indígenas quienes junto al presidente de la república deberían presentarnos los beneficios o no de estos proyectos de inversión. Estos pueblos tiene derechos especiales de participación y decisión que no los tiene el resto de la población, y esto es así porque se trata de reivindicar la propiedad sobre el territorio y los recursos naturales que tenían sus antepasados antes de la conquista española, época desde la cual vienen siendo el sector más excluidos y discriminado y subordinado en el país. Salvo que estemos de acuerdo y legitimemos la conquista y la explotación de recursos y mano de obra que le sucedió, podríamos negar el derecho a la libre determinación de estos pueblos.

Este derecho es reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por la doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La libre determinación es el fundamento del derecho al consentimiento previo libre e informado, reconocido igualmente por las fuentes citadas. Este derecho obliga al Estado no solo a consultarles a los pueblos, sino a contar con su consentimiento previo, cuando se trate de megaproyectos susceptibles de afectar sus modos de subsistencia, así como en el caso de almacenamiento de desechos tóxicos o materiales peligrosos, entre otros supuestos. El proyecto Conga exige que los pueblos digan sí o no para determinar si va o no. La declaración del presidente Humala es claramente inconstitucional cuando señala “Conga va”.

La vulneración no es solo al ambiente, sino a los derechos que tienen los pueblos indígenas de ser libre e iguales. Ya basta de hacer declaraciones que afirmen qué es lo mejor para ellos. Lo mejor que podemos hacer es ser sus interlocutores, para lo cual se requiere un diálogo con ellos. Si no podemos hacer esto, podríamos apoyar informándonos sobre qué derechos les corresponden y velar por su garantía y protección.